El Estado, la seguridad y la excepción
es un importante artículo del historiador y profesor Francesc Calvo sobre crucial eficacia estratégica de la lucha armada contra un Estado y sobre los problemas esenciales que al Estado plantea. Publicado en GARA el 13 de agosto de 2000.

EL ESTADO, LA SEGURIDAD Y LA EXCEPCIÓN

Desde el nacimiento de la modernidad, la sociedad se ha relacionado con el Estado fundamentalmente a través de lo que podríamos denominar el pacto de seguridad territorial. Es decir, el Estado garantiza a la población, a la que concede permanentemente un territorio, un lugar para vivir bajo su seguridad, siempre que no se excedan los límites del mismo. Actualmente, las funciones del Estado derivan de esta proposición. El pacto que todavía hoy el Estado propone a la población quedaría planteado, en términos generales de la siguiente forma: «Todos los ciudadanos quedan bajo la protección del Estado dentro de las fronteras del territorio». Fue Max Weber quien desarrolló a principios del siglo XX una definición bastante completa del Estado moderno al poner el énfasis en uno de los elementos distintivos ­al lado de la monopolización de la violencia y de la legitimación de la autoridad legal­ de la formación del Estado: la territorialidad, esto es, la conformidad o el orden en un territorio dado.

Los tratados de algunos juristas del siglo XVII y XVIII (Turquet, Delamare, Von Justi) dan cierta idea del origen de la permanente omnipresencia del Estado dentro de unos límites territoriales en el que se concentra una población. Dichos tratados, que fueron elaborados y presentados a diversos gobiernos europeos, centraban el análisis alrededor del concepto «policía», algo muy distinto de lo que en nuestros días conocemos como tal. Por «policía» ellos no entendieron una institución, mecanismo o cuerpo represivo funcionando dentro de un Estado sino una técnica de gobierno que debía intervenir en todos los ámbitos posibles de la sociedad en cuanto al orden que tendría que regularla. Demuestran estos tratados que la «policía» aparece como una administración que dirige el Estado, al lado de la justicia, el ejército y la hacienda. Pero a diferencia de éstas, aquélla extiende sus actividades a todo tipo de situaciones en las que los individuos realizan o emprenden sus acciones. Por un lado, la «policía», entendida como política de Estado, lo abarcaría todo desde la singular perspectiva de la existencia de los individuos, en un territorio específico, a partir de sus relaciones económicas (de producción, de intercambio, de consumo). Por otro lado, el interés por intervenir también se dirige hacia las formas de vida y todo un conjunto de cuestiones que derivan directamente de éstas: morbilidad, fecundidad, longevidad... La «policía» se encargaría del ser humano como sujeto vivo, activo y productivo. La «policía», como la definió Von Justi, es lo que permitiría al Estado aumentar su poder y ejercer la fuerza en toda su amplitud. Al igual que Delamare, Von Justi hacía referencia a la felicidad de los hombres ­de la que él entendía una vida mejor­ en el sentido de que la felicidad de la población favorecía la potencia del Estado.

Esta potenciación recíproca que consiste en favorecer la vida de los individuos y, por una especie de intercambio, en favorecer la potencia del Estado, hace posible que éste pueda llegar a situaciones que van más allá de cualquier sistema de legalidad ya que la relación perpetua que encubre esta potenciación recíproca, entre el Estado y la población, posibilita la intervención del Estado, absolutamente, en todos los casos en donde la trama de la vida de la población esté atravesada por un proceso de ruptura social de carácter excepcional. Según la lógica de la racionalidad liberal, la población debe asumir la intervención última del Estado, llegado el momento, no como un signo de arbitrariedad, o un exceso de poder, sino, todo lo contrario, como una solicitud de la propia población para que a ésta le pueda quedar garantizada la vida. A partir de ahí, el Estado puede intervenir, en última instancia, dejando de lado los hábitos del derecho, para proteger de situaciones extraordinarias a la población.

Así, pues, el Estado funciona como una institución «aseguradora» aunque algunas veces se encuentre en presencia de acciones políticas que introducen en el sistema social ciertos elementos de inseguridad que empujan al pacto de seguridad, entre el Estado y la población, hacia la paradoja.

Este sería el caso de la lucha armada. Lo que el Estado denomina «terrorismo», suscita entre los gobernantes una preocupación real que inquieta mucho más de lo que parecen mostrar, a simple vista, las actitudes simbólicas de rechazo muy comunes entre la clase política. Porque la lucha armada ataca allí donde justamente se afirma la posibilidad de garantizar la seguridad a una población que debe creer en el acuerdo perpetuo de seguridad que contrae con el Estado ­en cierta medida la población está obligada a adherirse a él­ y que por ese mismo acuerdo debe aceptar toda una serie de imposiciones, jerarquías y obediencias.

En este sentido, hay que decir que el temor que suscita en los hombres y mujeres de Estado la lucha armada no se fundamenta tanto por una posible derrota frente al enemigo como por el hecho de que a partir de una situación tal queden al descubierto los límites del propio Estado, de tener que traspasarlos una vez roto el pacto de seguridad, la posibilidad de dejar de funcionar bajo ese acuerdo, y convertirse en el mero apéndice de una dictadura que trata por todos los medios de preservar la seguridad de la población. Por este motivo, una situación de excepción es lo peor a lo que puede enfrentarse un Estado: frente a ella no tiene nada que decir excepto la anulación de la ley, la alegalidad, es decir la precaria restitución de un orden no-jurídico (desfundamentación del derecho) en un medio de excepcionalidad bajo el cual debe garantizarse la seguridad. En unas circunstancias de este tipo, la norma jurídica no cuenta para nada; se diluye frente a la excepción ­porque a la norma le es necesario un medio de normalidad para ser aplicable­ con lo cual el Estado está obligado a desvelar su máscara de autoridad más absoluta: la dictadura.

De hecho, es la intervención última posible del Estado en un medio excepcional lo que realmente dibuja sus propios límites. Es ahí donde se juega la existencia, la continuidad, o su desaparición, el replegarse, de un territorio. Allí donde no puede garantizarse la seguridad el Estado debe hacer frente a un dilema: instituir la excepcionalidad o retroceder. Lo único a lo que no va a estar dispuesto es a mantener la inseguridad, la negación del pacto de seguridad, porque el fracaso de dicho pacto compromete profundamente su capacidad de funcionamiento ­por no decir que es su forma de funcionar misma­. La gran paradoja que deriva de lo anterior es que el Estado tampoco puede escoger entre el caos o la excepcionalidad. El primero socava los cimientos del pacto de seguridad; la segunda lo aboca a enfrentarse a sus propios límites y al riesgo de tener que, un día u otro, recular ante el probable fracaso de la dictadura

Las declaraciones del ministro español de interior acerca de no instaurar un estado de excepción en Euskal Herria apuntan en esa dirección en el sentido de que una situación tal es imposible, pero también dejan entrever un panorama donde es posible la excepción dentro de la normalidad. Sería una situación en la cual de lo que se trataría es de garantizar la seguridad de unos en tanto en cuanto no se va a ceder en absoluto en las exigencias de otros, dentro del marco de un estado de excepción parcial focalizado en colectivos específicos que van a padecer más duramente si cabe la represión y las penas que pasarían a ser más numerosas y despiadadas. Uno de los elementos esenciales para garantizar esta situación es la consolidación de un consenso basado en toda una serie de controles, coerciones e incitaciones a través de los medios de comunicación, esencialmente la televisión, con el objetivo de que la situación se regule, se autoengendre y se perpetúe con tal de que la intervención del Estado sea lo menos costosa y más discreta posible. *